La demanda por calumnia e injuria contra el columnista Alfredo Molano busca obtener una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión en Colombia. Detrás de una condena a Molano hay una mordaza, y no será una mordaza solamente para él. Molano es capaz de reunir fragmentos de noticias, aportar antecedentes y contextos y anticipar hechos. Nos ilumina, en la estremecedora realidad de la guerra colombiana. Nos ayuda a entender. Su valor civil es nuestro ejemplo. Por eso este blog.
Comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
ante la absolución del sociólogo y periodista Alfredo Molano
En una acertada decisión, el Juez Cuarto Penal Municipal de Bogotá absolvió al sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano, enjuiciado por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia. La Fiscalía había acusado a Molano por considerar que incurrió en estos delitos al publicar una columna de opinión en la que hizo un llamado de atención sobre graves problemas políticos y sociales que aquejan a la provincia de Valledupar y a la Costa Atlántica colombiana y relacionó estos hechos con algunas familias de notables de esa región[1]. Según el ente acusador, las opiniones vertidas en esta columna constituían una afrenta a la honra de cuatro personas que se sintieron aludidas por ella, las cuales habían formulado querella penal en contra de Molano por tal razón.
El sentido del fallo, leído en la tarde del 9 de febrero, desestimó la acusación de la Fiscalía, al concluir que no existen pruebas suficientes que permitan aducir que Molano excedió los límites de su derecho a la expresión, pues su columna no tuvo la intención ni el efecto de agredir la honra de los cuatro querellantes.
Esta decisión marca un importante precedente a favor de la libertad de expresión, en tiempos en los que el respeto y la garantía de este derecho han sido amenazados por la utilización de procesos penales como mecanismo a través del cual se pretende acallar la crítica y el control que ejerce el periodismo, de los que el de Alfredo Molano es un elocuente ejemplo, entre otros. Es obligación del Estado evitar que por medio de delitos (como los de injuria y calumnia) se inhiba y ahogue el debate público, piedra angular de la existencia y el fortalecimiento de la democracia. Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) pone de presente que según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado debe garantizar que tales delitos sólo podrán aplicarse en circunstancias excepcionales, cuando no haya duda de la real malicia de quien ejerció su libertad de expresión[2].
La CCJ aprovecha esta oportunidad para recordar que, a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Constitución Política, la libertad de expresión no sólo cobija bajo su manto de protección a aquellas ideas que son benignas o inofensivas, sino también las que pueden incluso resultar molestas, irritantes o chocantes. Penalizar esta clase de ideas significaría desconocer no sólo el derecho a la expresión, sino también la tolerancia y el pluralismo, características que debe proteger y promover todo régimen que se precie de llamarse democrático[3], como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[2] Ver Principio 10 de la Declaración de principios para la libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108º periodo de sesiones celebrado en octubre de 2000.
[3] Órgano que interpreta y aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte. Entre otros, ver Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 88.
El 25 de febrero de 2007 –va a hacer tres años- mi amigo Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista, escribió una columna para el periódico bogotano El Espectador.
Era una columna como todo lo que él escribe cotidianamente: señalando orígenes, situando historias, proporcionando luces de entendimiento y líneas premonitorias. La columna de Molano hablaba de aquellas familias de la farándula económica, política y paramilitar que hace tiempo gobierna a Colombia a punta de combinar colectivamente elecciones con negocios, corrupción, crímenes y despojo. El término “colectivamente” es importante en esta historia, mientras el verbo “combinar” ha caracterizado siempre la historia del poder en este mi país (y lo sigue haciendo).
Llamándolos “notables” y “nobles”, Molano se refirió como ejemplo a varios apellidos de la Costa Atlántica que han hecho y deshecho, generación tras generación (y que siguen haciendo), así ahora pongan cara de santurrones.
En ese febrero de 2007, cuando Molano escribió su columna Araújos et al en El Espectador, sucedía que el padre y el hermano senador de la Canciller, “La Conchi” Araújo, estaban en la mira de la justicia por paramilitarismo.
Ante la presión de Estados Unidos había rodado la cabeza de “La Conchi” y el presidente Uribe había nombrado a otro Araújo como Canciller.
El nuevo ministro de Exteriores, Fernando Araújo, se había liberado hacía muy poco tiempo de un secuestro de seis años de las FARC. Las FARC, con ese secuestro, a su vez habían librado a Fernando Araújo de un enjuiciamiento por corrupción, relacionado con un caso cuyos términos judiciales acababan de prescribir cuando éste se le voló a la guerrilla en medio de un ataque de la fuerza aérea.
La columna de Molano comenzaba diciendo que unos Araújo no tenían que ver con otros como familia consanguínea, pero tenían, sin embargo, las mismas mañas al hacer sus negocios. Las mismas formas de nombrar parientes en puestos claves del Estado, ese gran ponqué para repartir entre todos ellos.
En su escrito, Molano mostraba que las élites regionales son muy poderosas en Colombia; que mantienen una fuerte injerencia política y que se sostienen gracias a un conjunto de arbitrariedades que los gobiernos, como es natural, no ven.
A pesar de que por ahora no se les conoce ninguna ejecutoria, ni buena ni mala, unos jóvenes pertenecientes a la familia de “La Conchi” se sintieron aludidos con aquello de “notables”.
Son cuatro, el menor de ellos de 25 años. Son primos de los Araújo, o primos de los Molina o de los Castro, o sobrinos de los Araújo, o tíos de los Molina, o de los Castro, o todos los anteriores: vaya usted a saber. En todo caso su destino, si a bien lo tienen, es ser los dueños en su región –repito que por herencia, y no necesariamente por méritos- de eso que aquella farándula denomina “la política”.
Estos jóvenes Araújo, o Molina, o Castro quieren hacer, parece, su debut profesional para darse a conocer nacionalmente y entrar por puerta grande a los salones festivos y a los asados domingueros donde se reparte el presupuesto nacional.
Han escogido un blanco fácil, cómo no.
Molano es vulnerable porque es toda una rareza. De esa gentuza, you know, que pone sus principios por encima de las conveniencias personales. Quizá es culpa de su maestro, el principal sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, que en agosto de 2008 nos dejó sin él. Fals decía que Colombia “necesita que se diga la verdad, así sea dolorosa, y aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se atreven a decirla”.
Eso lo escribió Fals en el prólogo de “La Violencia en Colombia – Estudio de un proceso social”, investigación conjunta con el obispo Germán Guzmán y el jurista Eduardo Umaña Luna, que recoge la memoria histórica de la raíz de esta guerra nacida en 1946. Cuando ese libro salió a circulación en 1962 Valencia, el presidente de entonces -muy admirado hoy por el fascismo colombiano- ordenó apostar tanques de guerra en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Todo indica que Molano le aprendió a Fals Borda. Detrás de su nombre hay un prestigio merecido. Hoy, Molano es un icono de la intelectualidad colombiana de izquierda.
Los niños Araújo, como los llamamos, entablaron una querella contra Molano, por cuenta de su columna Araújos et al.
Primero le propusieron una conciliación, que consistía en que Molano escribiera una columna que a ellos les gustara. Ellos le iban a introducir correcciones hasta aprobarla, Molano debía publicarla con su firma en El Espectador y asunto concluido.
Pero Molano, autor de más de 15 libros, cronista apetecido, el sexto columnista más influyente del país según la encuesta Panel de Opinión (enero 2010), se negó a jugar con su principal patrimonio que es precisamente su firma. No aceptó a los Araújo como censores de su trabajo. No aceptó la mordaza y nos dio prioridad a sus lectores, cómo les parece.
A los niños Araújo les ofreció ir a la región, hacer una investigación y precisar –no negar- lo afirmado en la columna. En esa labor, Molano hablaría con ellos. Los jóvenes rechazaron el trato tan riesgoso, y el juicio contra Molano por calumnia e injuria comenzó.
¿Por qué Molano no consideró la posibilidad de negar sus afirmaciones? Pues porque es que cuando uno viaja por allá -a la deslumbrante tierra vallenata, territorio garciamarquiano en el departamento del Cesar, al sur del desierto de La Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta y pegado a Venezuela- la gente lo que le dice a uno es que todo lo que se diga sobre todas esas familias que mandan en la región es verdad. Que Alfredo Molano se quedó corto. Lo sostienen, pero sólo si se les resguarda la identidad. No hay garantías para los testigos.
Fue así como Molano conoció el mundillo kafkiano y cuasi incomprensible del código procesal, los pasos, las mediaciones, los términos, las instancias.
En el juicio, Molano es el “victimario”. Lleva desde mayo de 2007 sometido periódicamente a sentarse en la misma silla donde minutos antes –por ejemplo- se sentó un hombre que violó a la hija o mató a la mamá.
Él dice que se siente disminuido por ese sólo hecho. Yo lloro desde que comienza la audiencia hasta que termina, sentada tomando apuntes en primera fila en los asientos destinados al público en el juzgado. “Es que ella llora por todo”, dice Molano, y es cierto. Lo que llama la atención es la propiedad con que manejan el escenario los niños Araújo. Se perciben como que fueran ellos quienes le dieran empleo al juez.
El apoyo nacional e internacional que se le ha dado a Molano ha sido crucial para él.
Ahora se anuncia nuevamente que el 29 de enero será la audiencia pública de juzgamiento en su proceso, el veredicto final.
Fuera del drama personal, están en juego en este juicio cuatro penas duras contra Molano: una multa, una indemnización a las “víctimas”, que son los herederos de los clanes Araújo y Molina, y la cárcel.
La cuarta pena es más grave que todo eso junto: la prohibición y la mordaza. La prohibición de escribir.
Para gente como Molano (o como yo), “dejar de escribir es un poco dejar de vivir”, en sus palabras. Escribir (contando encuentros y descubrimientos) es nuestra forma de vida económicamente y emocionalmente; es nuestra ciudadanía.
Pero lo que se está jugando la sociedad colombiana en el juicio contra Molano no es menos costoso.
Ha quedado probado que al gobierno de Álvaro Uribe le incomodan, le fastidian y le irritan no sólo las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, sino también las denuncias de defensores de derechos humanos y de periodistas y los señalamientos de la oposición.
Esa viscosidad incalificable que está detrás del gobierno colombiano actual, y que se ha tomado el parlamento y otras cosillas, anda buscando en este, y en otros numerosos casos, una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión, en contra de la libertad de opinión y de la libertad de prensa.
La viscosidad quiere cobrarse una pieza, el valioso Molano. Y sentar un precedente; conseguir una herramienta jurídica para poder intimidar a los columnistas. La viscosidad necesita poder actuar legalmente sobre la gente que opina, esa gente peligrosa cuya voz circula e influye.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes y los investigados combinan todo lo que dije arriba. En Colombia la información investigada está en las principales columnas de opinión -menos reguladas incluso desde el punto de vista periodístico- y en los libros. La opinión y los libros siguen siendo vistos en el mundo como altares de libertad, y por eso en Colombia se habían atrevido menos contra ellos.
Ya han sido aplazadas cinco audiencias finales en el juicio contra Molano. Quizá haya fallo adverso el día que los lectores de Molano se cansen de ir al juzgado para estar ahí, presentes con su apoyo. Pero tal vez la justicia considere que su deber es preservar la libertad de opinión, y por esa vía ayudar a cuidar “la verdad, así sea dolorosa”.
Para quienes estén ese día por acá en Bogotá:
La audiencia pública es el viernes 29 a las 9:00 a.m.
Ocho miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Augusto Ibáñez, en la que expresan "honda preocupación por la persecución judicial" contra el sociólogo y periodista colombiano Alfredo Molano.
La misiva está fechada en Bruselas el 22 de julio y la firman los eurodiputados Jürgen Klute y Sabine Losing (ambos de Alemania), Eva-Britt Svensson (Suecia), Miguel Portas, Joao Ferreira y Rui Tavares (los tres de Portugal), Raul Romeva (España) y Marie-Christine Vergiat Francia).
Los eurodiputados se refieren a “la multiplicación de casos de persecución contra periodistas que expresan opiniones críticas” y mencionan al también periodista colombiano Hollman Morris, “quien fue acusado públicamente, por el propio Presidente de la República, de tener lazos con la guerrilla”, por lo que recibió amenazas de muerte.
Además, manifiestan confianza en que Molano quedará libre de cualquier cargo, como ocurrió con la senadora comunista Gloria Inés Ramírez, quien estaba acusada por el Ministerio de Defensa de tener relaciones con la guerrilla de la FARC, pero resultó exonerada por la Corte Suprema este mes.
Los europarlamentarios advierten, sin embargo, que mientras la justicia se decide a exonerar también a Molano, “se le inflige a él y a sus colegas una presión que entorpece su labor profesional y afecta la libertad de opinión”.
El proceso penal por calumnia e injuria mantiene a Molano sin poder expresarse públicamente ni acerca del juicio ni acerca de la familia Araújo de Valledupar, capital del departamento del Cesar y una de las cunas del paramilitarismo. La columna fue publicada por el diario bogotano El Espectador el 25 de febrero de 2007 y el juicio contra el periodista comenzó en agosto de 2008. La audiencia de juzgamiento estaba prevista para el 22 de abril, pero tres meses después no se ha realizado.
Este es el texto completo de la carta, en papelería del Parlamento Europeo:
"Bruselas, el 22 de Julio del 2009
"Doctor Augusto Ibañez Guzmán
Presidente
Corte Suprema de Justicia
Palacio de Justicia
Santa Fé de Bogotá - Colombia
"Excelentísimo Señor Presidente
"Por la presente deseamos expresar nuestra honda preocupación por la persecución judicial de la que, en nuestra opinión, es víctima el conocido sociólogo y periodista Alfredo Molano, por un artículo que escribió en relación con el poder político de una familia colombiana de la región de la Costa, y por el vínculo de varios de sus miembros con los escuadrones de la muerte.
"No nos permitiríamos dirigirnos a Usted, si no fuera por la multiplicación de casos de persecución contra los periodistas que expresan opiniones críticas. En los recientes casos, queremos mencionar tan sólo otro caso, entre varios. Es el caso del periodista Holman Morris, quien fue acusado públicamente, por el propio Presidente de la República, de tener lazos con la guerrilla, señalamiento que le obligó a pasar la mayor parte de su tiempo en el exilio por las amenazas a su vida que le arroja.
"Valoramos mucho la actividad periodística y la función esencial que tiene para la vigencia de la democracia. No tenemos dudas de que, como en el caso de la senadora Gloria Inés Ramírez, el periodista Alfredo Molano al final de cuentas quedará libre de cualquier cargo, porque ejerció simplemente un asana y democrática crítica al gamonalismo y a sus vínculos con el paramilitarismo, un fenómeno desafortunadamente muy real en Colombia. Sin embargo mientras tanto, se le inflige a él y a sus colegas, una presión que entorpece su labor profesional y afecta la libertad de opinión.
"Por lo tanto le pedimos atentamente Señor Presidente, para bien de la libertad de expresión en Colombia, que haga todo lo que esté en su poder, -por supuesto en el marco estricto de la ley-, para que cese esta persecusión y que el Señor Alfredo Molano pueda seguir sin esta amenaza su actividad de columnista y escritor.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Declaración Universal de los Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948
Al Poder que intenta copar todos los resquicios en Colombia le faltan los espacios libres de la prensa. La distribución de los canales de televisión y de las frecuencias radiales es una herramienta clave, pero los columnistas sin intereses en esos medios masivos se convierten en blanco a acallar.
El sociólogo, cronista y columnista Alfredo Molano Bravo puede ser un chivo expiatorio. La judicialización de su columna Araújos et al (El Espectador, Bogotá, 25 de febrero de 2007) podría lograr que Molano pierda la libertad de escribir.
